La Junta responde a las protestas con más blindaje para las polémicas plantas de combustión y calor en León capital
Sólo un día después de la mayor protesta que León ha albergado frente al proyecto de construcción de varias plantas de combustión y placas solares que la Junta impulsa en el sur de la capital leonesa, la Consejería de Medio Ambiente ha dado un paso más para blindar por todos los medios la ejecución de este complejo en el barrio de Puente Castro, lindando con el cementerio municipal y el río Bernesga.
El paso se ha formalizado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y consiste en la aprobación como “Proyecto Regional” de todo este complejo, que habrá de generar la energía para alimentar la Red de Calor anunciada en 2022 con unos 70 millones de euros de inversión.
La figura del 'Proyecto Regional' está multiplicándose por parte de la Junta en numerosos proyectos en la provincia leonesa, de manera que por un lado los convierte en “urgentes”, como ocurre ahora también con el complejo energético de Puente Castro, y por otro los blinda ante posibles vetos, quedándose con las competencias incluso de conceder licencias, en este caso del Ayuntamiento de León, que siempre ha apoyado las polémicas plantas y la Red de Calor. Además, ocurre que en este complejo y en el resto también Medio Ambiente de la Junta se concede las autorizaciones a sí misma, porque quien ejecuta los proyectos es la llamada 'Junta B', la empresa pública Somacyl, de la misma Consejería, que en su día fue tildada políticamente de “chiringuito”.
El dinero que cuesta, por primera vez al detalle
En el último trámite hoy aprobado se detalla todo el proyecto de urbanización de los terrenos elegidos, y ya expropiados, para el complejo energético y las plantas de combustión, el corazón que calentará de la futura Red de Calor del sur de la capital leonesa.
Si la previsión total de inversión de toda la red ronda los 70 millones, el nuevo Proyecto Regional pone precio a la construcción de la macroplanta, la dotación de viales y servicios a la nueva zona junto al cementerio y la construcción misma de las plantas de combustión de residuos forestales o biomasa (28 millones de euros), la quema de biogás (10 millones), de hidrógeno (7,25 millones) y la gran planta de placas solares solar (1,4 millones). También suma 5 millones para las obras de urbanización y acondicionamiento del recinto y 1,35 para la infraestructura eléctrica de la zona. En total, contando con que haya una baja media del 20% en las licitaciones públicas de las obras, la Junta estoma 42,4 millones para hacer realidad este polémico complejo. Esto incluye, además, detalles como la construcción del “primer tramo del circuito de la Red de Calor” subterráneo en la margen derecha de los ríos Bernesga y Torío, y su entrada en la ciudad a través de una pasarela de nueva construcción sobre el Torío.
La oposición
La publicación de hoy zanja el hecho de que el Ayuntamiento de León se lava las manos y se aparta de todas las tramitaciones, dejándole todo el poder a la Junta, algo que han criticado con dureza los crecientes opositores a este macroproyecto, colectivos como Ecologistas en Acción, asociaciones de vecinos de barrios como Puente Castro o La Lastra y algunas pocas formaciones políticas como Izquierda Unida o Alantre.
Todas ellas recuerdan que sólo una parte de este complejo, la planta de combustión de biomasa, fue anunciada en la década anterior en zonas del norte de la ciudad y se acabaron rechazando todos los emplazamientos por las protestas. Así ocurrió primero en Eras de Renueva, luego en Cantamilanos y finalmente en Navatejera (Villaquilambre), hasta que en 2022 Junta y Ayuntamiento presentaron el nuevo macro formato en Puente Castro.
Por último, la aprobación definitiva que hoy se produce como Proyecto Regional ya pone fin a la vía administrativa, zanja todas las alegaciones posibles de quienes se oponen y del resto de administraciones, y ya sólo deja abierta la puerta de pleitear ante la Justicia ordinaria. En concreto, cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante el el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, con sede en Valladolid. Hay dos meses de plazo a partir de ahora.
