La Junta se autoriza la planta de quema forestal al sur de León ciudad pese al aluvión de alegaciones por contaminación

La Junta de Castilla y León se ha aprobado a sí misma la autorización ambiental para la instalación de una macroplanta de quema de combustible de biomasa forestal de León. Se trata del visto bueno concreto para una de las cuatro instalaciones energéticas, casi todas de combustión, que ha diseñado la propia administración autonómica, con apoyo del Ayuntamiento de León, en el barrio de Puente Castro y lindando con el cementerio, al sur de la capital leonesa.

La Consejería de Medio Ambiente otorga el 'sí' definitivo a esta parte esencial de la llamada Red de Calor, que prevé la inversión de cerca de 70 millones de euros para el complejo energético en la ciudad, y que desarrolla la propia Consejería que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, a través de la empresa pública de la Junta Somacyl, también llamada 'la Junta B' y tildada en muchas ocasiones de “chiringuito”.

El visto bueno ambiental se produce a pesar del aluvión de alegaciones en contra presentadas por ciudadanos y diversos colectivos en el proceso de información pública, de momento sólo para esta macroplanta de más de 10.200 metros cuadrados con cuatro grandes calderas de quema de astillas de roble, chopo, pino y encina. Hay que recordar que un proyecto muy similar de combustión de biomasa se acabó rechazando, precisamente por la oposición vecinal, primero en el barrio de Eras de Renueva, luego en el de Cantamilanos y finalmente en Navatejera (Vilaquilambre), todos ellos al norte de la capital.

La planta, promovida por Somacyl, contempla una potencia térmica total de hasta 88 megavatios, generada a partir de la quema de los residuos de árboles, empleando al año 128.000 toneladas de esta biomasa, que llegará a las instalaciones en una media de 16 grandes camiones cada día. Según consta en la documentación publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), la central se construirá en dos fases: la primera, con dos calderas de 22 MW cada una y la segunda, con otras dos que completarán el total previsto. Esta red de calor alimentará viviendas, edificios públicos y otras infraestructuras mediante un circuito de agua caliente a 90 ºC distribuida por tuberías bajo decenas de calles de la ciudad y, por lo tanto, la forestal será la principal fuente energética.

No obstante, el informe de impacto ambiental revela varios aspectos de especial sensibilidad. Entre los más destacados, la presencia confirmada de hidrocarburos totales del petróleo, naftaleno y benzo(a)pireno en los análisis de suelos y aguas subterráneas de la parcela donde se ubicará la planta, junto al cementerio de León y la circunvalación Sur LE-30, junto a los ríos Bernesga y Torío y en terrenos que lindan con el pueblo de Santa Olaja de la Ribera, en el vecino municipio de Villaturiel.

Aunque el informe de riesgos concluye que el impacto para la salud humana es aceptable, teniendo en cuenta un entorno industrial, el informe de aprobación prevé un seguimiento continuo del estado del pavimento y de las capas impermeables, así como de las emisiones al aire, al agua y del ruido, que han sido las que más han preocupado a colectivos, no sólo conservacionistas, y ciudadanos.

Casi 300 alegaciones, más de la mitad vecinales

Durante la fase de información pública, abierta desde diciembre de 2024 y bajo denuncias de oscurantismo, se recibieron cientos de alegaciones en contra. En concreto, casi 300 (296), 159 de ellas de particulares y también organizaciones como Izquierda Unida de León, Asociación Luna verde, Ecologistas en Acción de León, Asociación de Vecinos Aljama de Puente Castro, Asociación Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, Plataforma Bierzo Aire Limpio, Asociación para la recuperación del Bosque Autóctono o Proyecto Alantre.

En resumen, destacan preocupaciones sobre la calidad del aire, el ruido, el incremento del tráfico pesado y la posible contaminación de suelos y acuíferos. También se cuestionó la compatibilidad del proyecto con una zona urbana colindante y la falta de un debate público más amplio sobre la instalación o estas tecnologías.

En su aprobación, la Junta da respuesta a estas preocupaciones, negando con varios informes y detalles técnicos gran parte de ellas y asegurando la puesta en marcha de numerosos controles. Por ejemplo, controles anuales y en tiempo real de partículas en suspensión, campañas bianuales de medición de benzopirenos, planes de reducción de emisiones difusas y de ruido, restricciones sobre vertidos y residuos, y la obligación de implementar un sistema de gestión ambiental plenamente operativo antes de 2027.

Las principales emisiones

Así, sobre el papel, la autorización queda sujeta a un amplio conjunto de medidas técnicas y ambientales que afectan tanto a la construcción como a la explotación de la planta durante décadas a los pies de la capital. El vertido de aguas residuales se canalizará por las redes del Ayuntamiento tras un tratamiento inicial y la totalidad del recinto contará con solera impermeabilizada para evitar filtraciones, aseguran.

Así, por ejemplo, se concreta que se usará la tecnología de Reducción Selectiva No Catalítica (SNCR), un sistema para reducir los principales gases que produce la quema a altas temperaturas, como el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO₂). El sistema funciona inyectando reactivos, como por ejemplo urea, directamente en los gases, lo que los transforma en nitrógeno molecular y vapor de agua, menos dañinos. Como curiosidad, se prevé el uso de 134 metros cúbicos de urea al año en la fase de explotación. Igualmente, se detallan medidas técnicas para minimizar otros contaminantes como dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, amoniaco o mercurio.

En cuanto al ruido, se impondrán medidas como bancadas antivibratorias, limitadores de velocidad para maquinaria móvil y aislamiento acústico en naves industriales, para cumplir con los umbrales legales tanto de día como de noche, afirma la Consejería en sus respuestas.

Plazos y pasos dados

A partir de esta resolución favorable, pero sólo para esta macroplanta de quema forestal, Somacyl dispone de un plazo de cinco años para poner en marcha las instalaciones, estando obligada la empresa pública de la Junta a presentar una declaración responsable que acredite el cumplimiento de todas las condiciones impuestas.

Aunque desde el punto de vista técnico la Junta considera solventadas las muchas y variadas objeciones ambientales, la vigilancia social sobre este proyecto continuará siendo clave. El emplazamiento en la ciudad, el gran tamaño de la instalación y los riesgos de contaminación exigen, según varios colectivos, un seguimiento público activo y mecanismos de información continua.

La Junta, por su parte, cuenta con el respaldo total desde la misma presentación de todas estas instalaciones de la Red de Calor, anunciada en origen para funcionar ya en verano de 2024, y ya ha ido dando numerosos pasos para convertir en realidad este complejo en Puente Castro, desde declararlo todo como de Interés Regional para blindar su ejecución a otorgar todo el visto bueno ambiental al complejo entero este mismo verano, aunque ahora surja este otro 'sí' más detallado para la planta de biomasa. Otras plantas previstas en el proyecto con de quema de hidrógeno, biogás, así como la instalación todo alrededor de una plan planta de placas solares.